El gerente de SEDEM, Roberto Justiniano, anunció que pedirá al fiscal general fiscalizar los procesos de ECEBOL tras el rechazo de denuncias y un presunto daño de 17 millones de dólares. En paralelo, Comcipo anunció un consejo consultivo para definir su primer paro cívico contra el Gobierno de Rodrigo Paz si no atiende las demandas de Potosí, entre ellas la fábrica de cemento, obra que ya generó un desacuerdo en 2015.

Justiniano señaló que algunos casos fueron rechazados en poco tiempo, pese a la documentación presentada. Anunció la presentación de nuevas denuncias ante las instancias correspondientes.

El gerente indicó que los primeros procesos identifican un presunto daño económico de 17 millones de dólares. Reportó además que ECEBOL cerró 2025 con un resultado negativo de Bs 56 millones.

El gerente técnico de la empresa, Carlos Andrés Gallardo, informó que la planta de Oruro retomó la producción de clínker. Señaló que busca superar el 50% de su capacidad productiva.

En Potosí, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Alberto Pérez en semanas pasadas, lanzó una advertencia al Gobierno y cuestionó el incumplimiento de compromisos con el departamento.

Entre las principales demandas mencionó el aeropuerto, la puesta en funcionamiento de la fábrica de cemento y la construcción de la planta de zinc. También incluyó otras obras consideradas prioritarias para la región.

«No podemos ser burla una vez más de gobiernos que llegan y no cumplen con la región», afirmó Pérez durante el anuncio de las medidas.

El dirigente aseguró que, pese al estado de excepción, el movimiento cívico está dispuesto a activar medidas de presión. El consejo consultivo definirá el primer paro cívico de la gestión.

El antecedente sobre la fábrica de cemento se remonta a 2015. En ese entonces el diálogo entre ministros y Comcipo no llegó a un acuerdo por ese punto del pliego petitorio.

Según los argumentos de las autoridades de ese año, la construcción era inviable por la inexistencia de agua en Coroma, lugar proyectado para la factoría. También se mencionó la falta de gasoducto.

El entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que el gasoducto costaría el doble de lo que podría costar la fábrica. Indicó que esos argumentos fueron escuchados de los propios comunarios de Coroma.