Estados Unidos revocó las visas a 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, el exjefe antidrogas Frans Cabrera y el expresidente de la Aduana Alberto Soto de la Vía; el exdiputado Tomás Monasterio afirmó que el Gobierno busca quitar piedras del camino que estorban a Paz y derrocar a Mariaca; la exministra Gabriela Montaño advirtió que la medida busca hacer desaparecer el caso Cerimedo; y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que podría derivar en una solicitud de extradición.
El Departamento de Estado anunció restricciones migratorias contra los 12 bolivianos que tenían visas vigentes, las cuales fueron revocadas junto con las de sus familiares. Otros nueve ciudadanos que no poseen visa fueron declarados inelegibles para obtenerla.
El fiscal general Roger Mariaca encabeza el impacto de la decisión. Washington lo acusa de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. Mariaca rechaza las acusaciones.
Mariaca sostiene que la medida constituye una presión política relacionada con investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. La autoridad no se pronunció sobre una eventual renuncia ni sobre las acusaciones específicas formuladas por el Gobierno estadounidense.
Entre los nombres alcanzados figura el coronel Frans William Cabrera Quispe, exdirector nacional de la FELCN. Cabrera dejó la Inspectoría General de la Policía el 23 de septiembre, según los registros institucionales de la entidad.
También aparece Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional durante la gestión de Rodrigo Paz. Soto dejó el cargo recientemente en medio de cuestionamientos por presunta corrupción en la institución.
El exdiputado Tomás Monasterio afirmó que el informe estadounidense no pesa más que una prueba. Cuestionó que los presidentes de Diputados y Senadores no se pronunciaran sobre Cerimedo y pidió que la justicia no se someta a presiones externas.
«Un informe no es una condena», sostuvo Monasterio. El exlegislador consideró que el Gobierno busca «quitar piedras del camino que estorban a Rodrigo Paz» y advirtió que se pretende derrocar a Mariaca del cargo de fiscal general.
La exministra Gabriela Montaño alertó que el retiro de visas podría intentar «hacer desaparecer» la investigación del caso Cerimedo. «Sale audio de Cerimedo y sale informe de EE.UU.», señaló la exautoridad en sus declaraciones públicas.
Montaño cuestionó que los ministros y el vocero presidencial no presentaran pruebas para sustentar la decisión. «La visa de Estados Unidos no se puede convertir en chantaje», afirmó, al pedir respeto a la soberanía nacional.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió que el retiro de visas podría derivar en procesos judiciales en Estados Unidos. «Esto podría derivar en un avance judicial en Estados Unidos y una solicitud probablemente de extradición», afirmó la autoridad.
Justiniano informó que el Gobierno solicitará información a través de la Cancillería para conocer los antecedentes de las medidas. Señaló que también realizan consultas los presidentes del Senado y de Diputados sobre el caso.
El ministro sostuvo que «soberanía no significa no recibir información muy importante». Añadió que los señalamientos son «demasiado graves para ignorarlos» y aseguró que el Gobierno investigará lo que corresponda sin protección política.
La decisión estadounidense sacude al poder político, judicial y policial de Bolivia. La revocación de una visa constituye una medida administrativa migratoria y no equivale por sí misma a una condena penal en Estados Unidos.
