Sucre, 21 de septiembre (ANV).- En medio de una creciente tensión social, representantes de diversos sectores en Sucre han manifestado su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece la nivelación del precio del combustible a 18 bolivianos el litro, advirtiendo sobre un fuerte impacto inflacionario en la canasta básica y los materiales de construcción.

Ante este escenario, Mariela Sánchez Serrano, vocera multisectorial, cuestionó la capacidad de gestión gubernamental frente a la crisis; Bruno Coa, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Chuquisaca, exigió al ejecutivo municipal realizar estudios técnicos para frenar el alza unilateral de tarifas del transporte público.

Mientras tanto Jaime Choque Apaza, presidente del Comité Cívico Popular de Bolivia, anunció la presentación de un recurso ante la Sala Constitucional en Sucre para frenar decretos que considera contrarios a la Constitución Política del Estado.

La vocera multisectorial, alertó que la medida afecta directamente a toda la cadena productiva y a los trabajadores por cuenta propia, quienes no deberían asumir los costos de la crisis económica. Sánchez  advirtió sobre el encarecimiento generalizado de los fletes y el transporte internacional, estimando que los materiales de construcción sufrirán un incremento del 45% en sus precios.

Al respecto, la representante cuestionó la forma de administración del Estado señalando: «¿Hasta cuándo el sector cuenta propista va a pagar los platos rotos de los gobiernos que no han hecho su trabajo?».

Por su parte, el presidente de la FEDJUVE de Chuquisaca, Bruno Coa, informó que tras un ampliado departamental con juntas vecinales, municipios y provincias, se determinó exigir la abrogación del decreto debido a la especulación inmediata de productos que este ocasionó.

Coa criticó que los transportistas y taxistas incrementen las tarifas de manera unilateral y a su libre antojo, por lo que demandó la intervención de la guardia municipal y la aplicación de un principio de autoridad.

«Sí ha subido el diésel, no estamos diciendo que no ha subido. Pero el el ejecutivo tiene que hacer estudio técnico», sostuvo Coa, enfatizando que la alcaldía debe congelar o regular los pasajes sobre bases técnicas y no bajo la presión de los sindicatos.

Asimismo, declaró al sector vecinal en estado de emergencia y anunció próximas movilizaciones unificadas con otras instituciones de la región.

Finalmente, Jaime Choque Apaza, presidente del Comité Cívico Popular de Bolivia, fundamentó las acciones legales que su sector está promoviendo en la ciudad de Sucre. Choque Apaza argumentó que los decretos supremos emitidos por el Gobierno Nacional vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como la libre locomoción y la libre expresión, situándose por encima de la propia Constitución.

Por tal motivo, el dirigente confirmó la presentación de una demanda ante la Sala Constitucional para exigir el respeto a las leyes dentro del marco de la legalidad, advirtiendo a su vez sobre el riesgo de que las protestas sociales desencadenen escenarios de represión por parte de las fuerzas del orden.