Sucre, 16 de septiembre (ANV).- La Asamblea Legislativa definirá este miércoles la continuidad del Estado de excepción, después de que el Gobierno remitiera el decreto que solicita ampliar la medida por otros 90 días. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó que el tratamiento está previsto para las 16.00 y señaló que será necesario conocer los informes de los ministerios que aplicaron el régimen excepcional.

Castro afirmó en conferencia de prensa que la Asamblea necesita información suficiente sobre la aplicación de la medida durante los 90 días de vigencia. “Sería bueno que los ministerios pertinentes puedan hacer los informes correspondientes de cada uno”, declaró.

El legislador recordó que el actual Estado de excepción fue aprobado hace tres meses y que el decreto estableció responsabilidades específicas para determinadas carteras del Ejecutivo. Consideró que esos ministerios deben proporcionar elementos para evaluar si persisten las condiciones que justificaron la declaratoria.

La posición de Castro se conoce después de que el gabinete del presidente Rodrigo Paz aprobara el Decreto Supremo 5707, mediante el cual el Ejecutivo solicita ampliar por 90 días el Estado de excepción declarado en junio por “conmoción interna”. La medida vigente concluye el viernes 18 de septiembre.

El Gobierno sostiene que todavía existen factores de riesgo que justifican la continuidad del régimen excepcional. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió la ampliación con el argumento de que el país recuperó condiciones de tranquilidad y advirtió sobre posibles nuevas movilizaciones y bloqueos cuando concluya la medida.

El presidente Rodrigo Paz también pidió a la Asamblea aprobar la ampliación y aclaró que su objetivo no es impedir la protesta social, sino evitar bloqueos y acciones que afecten los derechos de terceros. La decisión enfrenta resistencia en el Legislativo.

El vicepresidente Edmand Lara cuestionó la necesidad de prolongar el Estado de excepción y pidió conocer los resultados alcanzados durante su vigencia. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó que el Gobierno atienda las causas estructurales de la conflictividad antes de recurrir nuevamente a una medida excepcional.

Castro explicó que la participación de los ministros dependerá de las decisiones de la Presidencia de la Asamblea y de la convocatoria de la Vicepresidencia. En cuanto a la votación, señaló que, según su interpretación inicial, se requeriría mayoría absoluta de los legisladores presentes.

La discusión estará condicionada por los plazos. El Gobierno sostiene que la normativa establece 72 horas para que la Asamblea se pronuncie. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que si el Legislativo no emite una resolución dentro de ese plazo, las medidas se mantendrán vigentes hasta que exista una decisión.

La sesión pondrá a prueba la relación entre el Ejecutivo y una Asamblea donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. El debate también se cruza con la reforma parcial de la Constitución, cuyo tratamiento permanece condicionado por la vigencia del Estado de excepción.

La decisión sobre los próximos 90 días tendrá efectos sobre una agenda política más amplia que incluye reformas institucionales, el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la respuesta del Estado ante eventuales nuevas movilizaciones.