La Paz, 17 de julio (ANV).- Norka Garron, exfuncionaria del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y paciente oncológica, denunció públicamente que las anteriores autoridades de la gestión de Enrique Leaño vulneraron sistemáticamente sus derechos laborales y de salud al ignorar sus solicitudes de estabilidad laboral y seguro médico, además de ser víctima de acoso laboral y discriminación.

Garron, quien también es madre soltera de dos niños y cuenta con un carnet de discapacidad, relató que a pesar de haber obtenido una sentencia de amparo constitucional para su reincorporación e inamovilidad laboral, las exautoridades hicieron caso omiso a la orden judicial hasta el fin de su gestión en mayo.

Actualmente, bajo la administración de las nuevas autoridades y tras acudir a la alcaldesa Fátima Tardío, la denunciante manifestó que finalmente cuenta con estabilidad laboral y el seguro médico requerido para tratar su diagnóstico.

Durante su desempeño bajo la modalidad de contrato como consultora en línea, Garron puso en conocimiento de las exautoridades su situación de vulnerabilidad. Según su testimonio, las solicitudes escritas y verbales presentadas al alcalde, al secretario, a la directora de Recursos Humanos y a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) fueron omitidas reiteradamente.

Asimismo, señaló haber sufrido acoso laboral por parte del entonces director de Patrimonio Histórico sin recibir respuesta alguna de las instancias correspondientes, mientras su estado de salud decaía al punto de requerir hospitalizaciones de emergencia.

La afectada también apuntó contra el señor Aguilar, exfuncionario que actualmente realiza declaraciones públicas en defensa de los derechos de salud de otras personas. Garron recordó una reunión en el despacho municipal a inicios de gestión, donde Aguilar y la directora de Recursos Humanos rechazaron equiparar su situación con la de personas con discapacidad que poseían ítems o contratos estables.

«Me dieron como respuesta de que mi situación era muy distinta a las personas con discapacidad que estaban ahí en la reunión porque ellos sí contaban con un contrato, contaban con un ítem», afirmó la exfuncionaria para ilustrar el trato discriminatorio recibido.

Ante la falta de respuestas, Garron interpuso un amparo constitucional que falló a su favor en un plazo de diez días, ordenando su reincorporación, inamovilidad laboral y el acceso a un seguro de salud. No obstante, denunció que la gestión de Leaño no cumplió a cabalidad con la sentencia judicial.

«En realidad la reincorporación se ha dado en la gestión del (alcalde Enrique) Leaño, pero han vulnerado todos mis derechos porque ellos no han cumplido a cabalidad lo que es la orden de la sentencia», aseveró Garron, cuestionando la falta de empatía y la diferencia de trato que las exautoridades aplican según el círculo político o de confianza de los afectados.