Sucre, 14 de julio (ANV).- El Gobierno Nacional de Bolivia emitió el Decreto Supremo 5654, el cual suprime la obligatoriedad y la retención coercitiva de los aportes sindicales en las entidades públicas, limitando los descuentos salariales permitidos a la seguridad social, faltas, régimen complementario del IVA y retenciones judiciales.
Ante esta medida, el analista político Edgar Araya advirtió que la norma debilita a las organizaciones sindicales y podría vulnerar la Constitución y convenios internacionales, mientras que Marcelo Torrez, representante de la Central Obrera Departamental (COD), aclaró que la afiliación y sus obligaciones son voluntarias, por lo que buscarán mecanismos alternativos de cobro sin prever una afectación financiera significativa.
Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5654, inscrito en la Gaceta Judicial de Bolivia, los empleadores únicamente quedan autorizados a realizar descuentos sobre el haber básico por conceptos específicos: aportes a la seguridad social, sanciones por faltas y atrasos, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y retenciones judiciales por asistencia familiar.
De acuerdo con el analista Edgar Araya, esta disposición implica que las organizaciones sindicales, incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas federaciones, «ya no van a recibir más aportes sindicales» de forma coercitiva, lo que a su juicio conlleva al debilitamiento de los sindicatos en el país.
Araya también cuestionó si el equipo de asesores del Gobierno evaluó correctamente el Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual resguarda la libre sindicalización y el financiamiento para el funcionamiento de los entes sindicales.
Según el analista, este convenio internacional posee una jerarquía superior a un decreto supremo, por lo que anticipa que las confederaciones y la COB realizarán consultas ante la OIT para determinar si la medida vulnera la Constitución Política del Estado y las normas internacionales.
Por su parte, desde la dirigencia sindical, Marcelo Torrez, de la Central Obrera Departamental, desestimó que la norma vaya a causar un impacto financiero severo en las organizaciones. Torrez explicó que la pertenencia a un sindicato es una decisión voluntaria del trabajador y que, al ingresar, se asumen tanto derechos como obligaciones, entre ellas el aporte.
El dirigente de la COD señaló que la nueva normativa los obligará a implementar un método de recaudación distinto al que se aplicaba habitualmente a través de las planillas estatales. «De afectación financiera hacia los sindicatos y federaciones no veo que pueda haber porque al final simplemente se va a hacer una retención de distinta manera», afirmó Torrez, reconociendo que esto implicará una carga de trabajo mayor para las carteras financieras de cada federación y sindicato.
No obstante, manifestó su preocupación por la limitación a la libertad de solicitar las retenciones correspondientes, anunciando que la COD analizará el decreto a detalle para fijar una posición oficial.
