La Paz, 21 de mayo (ANV).- El recién posesionado ministro de Trabajo, William Bascopé, presentó en enero de 2024 un proyecto de “Ley Antibloqueos” que planteaba penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes organicen, convoquen, financien o ejecuten bloqueos de carreteras, una iniciativa que nunca se aprobó pero que genera controversia en medio de las movilizaciones nacionales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según documentos de la época y declaraciones del propio Bascopé.
El 25 de enero de 2024, Bascopé presentó ante la Vicepresidencia el proyecto argumentando la necesidad de frenar los perjuicios de los bloqueos registrados durante el conflicto por los magistrados prorrogados.
En aquel momento, el entonces abogado constitucionalista sostuvo que “el derecho a la protesta no es el derecho a bloquear”, señalando que las movilizaciones no podían afectar el libre tránsito ni perjudicar a otros sectores de la población.
La iniciativa no se limitaba a las personas en puntos de bloqueo, sino que alcanzaba penalmente a dirigentes sindicales, sociales o políticos vinculados a la organización de las protestas.
La propuesta generó rechazo inmediato en organizaciones sociales, dirigentes sindicales y parlamentarios, quienes denunciaron que la medida buscaba criminalizar la protesta social. Sectores movilizados recordaron que históricamente muchas demandas en Bolivia fueron impulsadas mediante marchas, huelgas y bloqueos.
Bascopé tiene antecedentes como asesor legal técnico de la Asamblea Constituyente, donde brindó soporte a asambleístas provenientes de sectores campesinos e indígenas del Movimiento Al Socialismo. Su vinculación con estos movimientos proviene de su nacimiento en en la provincia Camacho de La Paz.
Su designación como ministro de Trabajo ha provocado observación en sectores sindicales debido a que esta cartera históricamente mantiene relación directa con organizaciones obreras y conflictos laborales. Hasta el cierre de esta nota, Bascopé no se había pronunciado sobre si mantiene su propuesta de penalizar los bloqueos.
