Sucre, 7 de abril (ANV).- La Nueva Terminal de buses de Sucre, un proyecto iniciado en 2016, se encuentra en el centro de un debate debido a su prolongada inconclusión y la falta de operatividad de módulos terminados desde 2019.

Tanto el diputado por Chuquisaca, Santiago Ticona, como Marcelo Torres, ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), han expresado su preocupación por la situación.

Ticona ha solicitado una auditoría y un informe al gobernador sobre el estado actual del proyecto y las acciones tomadas ante posibles daños económicos, mientras que Torres, aunque reconoce la necesidad de funcionalidad, exige documentación para evaluar el avance y la garantía de accesos con mano de obra calificada.

El diputado ha señalado que el proyecto, tras más de diez años, no se ha logrado concluir, y que «hay módulos que han concluido ya el 2019, o sea, son más de casi 7 años ya que están ahí sin ofrecer ningún servicio».

Ticona también ha cuestionado la ubicación inicial de la terminal y la necesidad de mayor inversión por parte de la alcaldía en cuanto a los accesos, advirtiendo sobre los problemas que generará una única vía de salida para los buses.

Ante esta situación, ha presentado una petición de informe escrito al gobernador para conocer el estado de los módulos, si se han identificado daños económicos y qué acciones se han tomado. Ticona ha advertido que, de no actuar, el gobernador podría ser sujeto a procesos por incumplimiento de deberes, al igual que el exgobernador Urquizu y el actual gobernador Damián Condori.

Por su parte, Marcelo Torres, ejecutivo de la COD, ha manifestado que, si bien hoy se espera un informe verbal de la gobernación, la COD no tomará una determinación sin documentación. «Lo que vamos a hacer el día de hoy es exigir una documentación para que documentalmente podamos estar seguros de que este proyecto esté en el avance que nos indiquen», afirmó Torres.

La COD considera que, independientemente de si el lugar es el mejor o no, la prioridad es darle funcionalidad a la terminal para evitar un «doble daño económico». En este sentido, la COD exigirá al municipio y a la gobernación que garanticen los accesos con mano de obra calificada local, mencionando a SEDCAM y Concretec como ejemplos de instituciones con capacidad demostrada en el departamento.