Sucre 30 de junio (ANV).-David Inca, representante de Derechos Humanos de El Alto, presentó este lunes en la ciudad de Sucre un memorial ante el Fiscal General del Estado, César Adalid Mariaca, solicitando que se inicien investigaciones o se instruya un juicio de responsabilidades contra el exfiscal general Juan Lanchipa.
“Hemos constituido aquí en la ciudad de Sucre. Hemos presentado este memorial al Fiscal General, en el cual estamos pidiendo que el señor Mariaca inicie las investigaciones pertinentes o instruya el juicio de responsabilidades contra el exfiscal Lanchipa”, afirmó Inca.
El activista fundamentó su solicitud en los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, donde, según sus declaraciones, “más de 18 personas resultaron heridas por bala, entre hombres y mujeres, y el fiscal Lanchipa, junto al fiscal Alave, no iniciaron ningún tipo de investigación”.
Inca recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entregado al Estado boliviano el 17 de agosto de 2021, contiene varias recomendaciones que obligan al Ministerio Público a actuar de oficio en los casos de violaciones de derechos humanos. “El informe de la GIEI, en su recomendación quinta, sexta, séptima y octava, refiere que el Ministerio Público debe iniciar de oficio las investigaciones. Estas autoridades han hecho un acto de omisión y por lo tanto tienen que ser sancionadas”, sostuvo.
Respecto al actual fiscal general, Inca señaló que esperan una respuesta oficial a su solicitud. “Nos han dicho que mañana debemos apersonarnos otra vez a la Fiscalía para que nos den una respuesta, si lo van a aceptar o lo van a rechazar”, indicó. Añadió que, de no cumplirse con esta obligación, “también se puede iniciar un juicio de responsabilidades contra el señor Mariaca, porque él tiene un deber ante la OEA, ante la Comisión Interamericana”.
Además, el activista informó que se está solicitando una reunión con Mariaca para conocer el estado de otros casos pendientes, como el proceso de extradición del exministro Arturo Murillo y la solicitud de refugio del exministro Fernando López. “Estamos pidiendo que nos explique en qué ha quedado el caso López, por qué ha pedido refugio en Paraguay. Las personas que han cometido violaciones a los derechos humanos no pueden pedir asilo ni refugio”, explicó.
Inca también cuestionó el accionar del Estado boliviano ante organismos internacionales. “La Cancillería, con apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, deben presentar estos argumentos ante las justicias de Estados Unidos y Paraguay, si no lo hacen, estas personas se beneficiarán del asilo o el refugio”, advirtió.
Desde un análisis jurídico, Inca marcó la diferencia entre delitos comunes y violaciones de derechos humanos: “Los únicos que violan derechos humanos son servidores públicos. Si un civil promueve la violencia, comete un delito; pero si lo hace un senador, diputado, concejal u otra autoridad, comete violación de derechos humanos y le corresponde una doble responsabilidad”.
Finalmente, expresó su preocupación sobre el contexto político actual: “Estamos en una gestión electoral donde todo se puede decir y nada se puede cumplir. La amenaza de que si Evo Morales no es candidato no habrá democracia, es chantaje político”.
El memorial presentado por Inca pone en evidencia la exigencia de sectores sociales y activistas de derechos humanos para que las autoridades judiciales respondan a los hechos de violencia de 2019 y cumplan con las recomendaciones internacionales en la materia.
