El Juzgado de Sentencia Penal N° 12 de Cochabamba dictó este jueves sentencia contra los cabecillas de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019.
El principal líder de la RJC, Yassir Molina, fue condenado a 8 años de prisión, mientras que los hermanos Mario Antonio y Favio Bascopé a 6 años y 6 meses, por los delitos de organización criminal, con relación a los delitos de vejaciones y torturas y tenencia, porte y portación ilícita, por la violencia que ejercieron en contra de la población.
En el mismo juicio, Milena Soto y Jaime Maldonado fueron sentenciados a 2 años por los delitos de organización criminal con relación al delito de vejaciones y torturas. Todos los implicados deberán cumplir las penas en la cárcel de San Sebastián en Cochabamba.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, cuestionó la determinación judicial, sin embargo, anunció que el Ministerio de Gobierno evaluará las acciones que se podrían asumir por las penas impuestas como resultado del juicio.
“Estamos aquí principalmente no sólo como autoridades sino para dar esa seguridad y esa asistencia a las víctimas que durante todo este proceso han sido víctimas de amenazas, de humillaciones, amedrentamiento por parte de la familia”, añadió.
Esta es la segunda sentencia obtenida en contra de los líderes de la RJC , Molina y los hermanos Bascopé en abril de 2023 fueron condenados a seis años de prisión en el penal de San Roque de Sucre.
Los delitos por los cuales fueron vinculados son tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando atacaron la Fiscalía General del Estado. || Erbol.
Gobierno apelará sentencia y buscará “mayor pena” para cabecillas de la RCJ por la violencia en 2019
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este jueves que se apelará el dictamen que el Juzgado de Sentencia 12 del Tribunal Departamental de Cochabamba dictó para los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la violencia que generaron durante la crisis de 2019.
“Como Ministerio de Gobierno apelaremos esta decisión judicial porque consideramos que las penas no condicen con la gravedad de los hechos perpetrados por los acusados, ya que merecen mayor pena”, dijo el titular de Gobierno.
Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, detalló que, en la audiencia de juicio oral, se demostró con pruebas contundentes que los líderes del grupo parapolicial son autores de los delitos de organización criminal, con relación a los delitos de vejaciones y torturas y tenencia, porte y portación ilícita, por la violencia que ejercieron en contra de la población durante la crisis de 2019.
El Ministerio Público presentó al menos 105 pruebas documentales y 127 pruebas testificales, además de pericias que demuestran de “manera irrefutable la participación de cada uno de los sindicados”.
“En ese marco, la autoridad de jurisdicción dictó la condena. (Además) existe otro involucrado identificado como Luis A.T.C. que se encuentra rebelde y continúa siendo buscado para que responda por sus actos durante la crisis social de 2019”, indicó Tejerina.
Los sentenciados deberán cumplir con su condena en el penal de San Sebastián, mujeres y varones, respectivamente.
Antecedentes
Durante la crisis social de octubre y noviembre de 2019, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas con bazucas artesanales, explosivos, palos envueltos con alambre de púas entre otros objetos contundentes con los que agredían físicamente a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS que circulaba por las calles de la ciudad de Cochabamba o que pretendían realizar protestas pacíficas.
Esta es la segunda sentencia obtenida en contra de los líderes de la RJC, Molina y los hermanos Bascopé, quienes en abril de 2023 fueron condenados a seis años de prisión por los delitos de tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron la Fiscalía General del Estado. || ABI
