Un nuevo oficial del Ejército fue aprehendido en las últimas, tras ser vinculado en los hechos de la tarde del 26 de junio durante el despliegue de las Fuerzas Armadas en la plaza Murillo que tenía la intención de tomar el poder.
Sin brindar mayores detalles, el comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, confirmó la detención del nuevo militar desde la ciudad de Cochabamba y que tendría el grado de general .
Sin embargo, fuentes consultadas por este medio, señalan que se trataría en realidad del jefe del Departamento IV – Logística, coronel Vladimir C. M.
Con este nuevo caso ya suman 23 las personas aprehendidas, de las cuales, 21 ya fueron cauteladas. En diferentes audiencias, la justicia dispuso la detención preventiva para 10 de ellos y los otros 11 se encuentran con detención domiciliaria.
El Ministerio Público señaló que existen al menos 30 personas investigadas por la toma militar de plaza Murillo, entre ellos, militares del servicio pasivo. Todo el operativo habría sido liderado por el general Juan José Zúñiga.
CIDH condena el ’intento de golpe de Estado’ y pide respeto a la institucionalidad democrática
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un comunicado, condena el “intento de golpe de Estado” militar y llama al respeto de la institucionalidad democrática para proteger los derechos humanos y mantener el orden constitucional.
“La Comisión Interamericana observa que las acciones provenientes de un sector de las Fuerzas Armadas atentaron contra los principios democráticos reconocidos constitucionalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, hace un llamado urgente al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática y al mantenimiento del orden constitucional en ese país”, sostiene el comunicado.
Además, el organismo internacional recuerda a las Fuerzas Armadas la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y la vigencia de los derechos humanos.
“La CIDH recuerda que, en contextos de crisis institucionales en Bolivia, se han producido serias violaciones de derechos humanos que han afectado, en particular, a los pueblos indígenas originarios campesinos y a otros grupos en especial situación de vulnerabilidad”.
La tarde del 26 de junio, la plaza Murillo fue tomada por un grupo de militares a la cabeza del general Juan José Zúñiga, exjefe del Ejército, con el fin de, según el Gobierno, un “intento de golpe de Estado”. Más de 20 presuntos involucrados fueron detenidos por la justicia boliviana en lo que se realizan las investigaciones.
Pacto de Unidad convoca a una marcha en rechazo al golpe de Estado
Para el viernes 12 de julio, el Pacto de Unidad convocó a una marcha en apoyo al Gobierno y rechazo a los afanes de gestar un golpe de Estado como lo ocurrido la pasada semana con la toma militar de plaza Murillo.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe, junto los representantes de otras organizaciones sociales, hizo conocer el pronunciamiento a tiempo de expresar su respaldo al gobierno de Luis Arce.
Según la convocatoria denominada “En defensa de la democracia la unidad y el futuro de Bolivia”, la concentración será el Multifuncional de la Ceja de El Alto, luego la marcha descenderá a la sede de gobierno hasta llegar a la plaza Murillo.
En la marcha fueron citados los comités ejecutivos nacionales en pleno de las organizaciones matrices, las estructuras orgánicas, federaciones departamentales, federaciones regionales, provinciales, centrales, subcentrales agrarias, sindicatos agrarios, ayllus, entre otras.
El secretario de Comunicación de la CSUTCB, Efraín Mollo, consideró que la toma militar del 26 de junio fue un golpe de Estado fallido que debe investigar “de forma clara” para llegar sancionar a los responsables.
“Los bolivianos nunca más permitiremos un gobierno de facto”, remarcó.
El despliegue militar fue encabezado por el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, junto a otros oficiales e incluso civiles que actualmente se encuentran investigados por la Fiscalía.
