El Gobierno declaró mediante el Decreto Supremo 5727 como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado; la norma toma como base el diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP); y se establecen plazos de 15 días hábiles para que los ministerios gestionen los instrumentos normativos correspondientes. La norma establece que, cuando el diagnóstico recomiende la reorganización de una empresa,…