Sucre, 12 de febrero (ANV).- El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, ha anunciado la garantía de pagos pendientes y la continuidad de diversos proyectos en el departamento, tras la aprobación de la asamblea de un fedeicomiso de Bs 72 millones. Condori expresó su agradecimiento a los asambleístas por su apoyo, destacando que «se va a acabar los puentes que están en ejecución, así mismo se va a poder pagar las planillas pendientes que tenemos algunas obras que han ido ya concluyéndose».
El gobernador detalló que los proyectos incluyen puentes carreteros y de irrigación, sumando 19 iniciativas con un valor superior a los 72 millones. Estos fondos se destinarán a cubrir pagos pendientes a empresas, incluyendo la adquisición de transformadores para proyectos.
Condori aseguró que «las empresas respirarán para que puedan cumplir con sus compromisos según el contrato que tenemos», lo que permitirá a las empresas cumplir con sus obligaciones contractuales.
Ante posibles manifestaciones y bloqueos, el gobernador hizo un llamado a la tranquilidad en los municipios, afirmando que con la aprobación de la ley, la responsabilidad recae en la administración. La ley será promulgada y enviada a La Paz una vez que sea emitida, con la expectativa de que esto ocurra el mismo día si se recibe.
Entre los proyectos específicos mencionados se encuentran caminos carreteros, pavimentos rígidos, ambos en Triángulo Cinteño, y proyectos de electrificación en Sopachuy, Padilla, Serrano, así como 18 proyectos de electrificación en Sucre. Se estima que la ejecución de estos proyectos se extenderá hasta mayo, según los cronogramas establecidos.
DETALLES
La Gobernación ha anunciado el proceso de desembolso de 72.750.000 bolivianos destinados a tres grupos de proyectos, según lo informado por un representante de la Gobernación. Estos fondos, provenientes de un ente financiador, se distribuirán directamente a las cuentas de las empresas involucradas, sin pasar por la Gobernación. Se espera que los desembolsos se realicen en un plazo de cuatro meses, aunque se busca agilizar este proceso.
El primer grupo de proyectos incluye aquellos concluidos con planes de pago pendientes. El segundo grupo corresponde a proyectos en ejecución, y el tercero se enfoca en la compra de equipo y maquinaria para el sector, con un monto de 10 millones de bolivianos asignados a este último. La suma total de estos tres grupos asciende a 72.750.000 bolivianos.
El procedimiento a seguir implica que la asamblea remitirá oficialmente las leyes correspondientes a los tres grupos. Este documento es un requisito para las reuniones con el FMR y el Ministerio de Economía y Finanzas en La Paz. Posteriormente, se procederá a la firma del contrato con el ente financiador por parte de la máxima autoridad ejecutiva de la Gobernación y el director del FMR, el licenciado Fromenbor.
Los desembolsos se realizarán mensualmente, aunque la Gobernación gestionará para que se efectúen en dos o tres pagos, en lugar de los cuatro programados inicialmente. «La gobernación solamente hace el trámite de solicitud y el IFE desembolsa directamente a las cuentas de las empresas», se indicó. Se estima que los 72 millones de bolivianos se desembolsarán en cuatro meses, según la planificación inicial, pero se espera que sea «lo antes posible».
La asambleísta Jeaneth Blanco ha expresado su preocupación por la forma en que se llevó a cabo la aprobación, señalando que la documentación fue presentada sin los requerimientos legales y que el informe favorable fue emitido por asesores en lugar de una comisión especializada.
La asambleísta Blanco detalló que la Comisión de Planificación rechazó la solicitud inicial de los 72 millones de bolivianos debido a la presentación de documentación «sin los trámites legales, sin los requerimientos legales». A pesar de este rechazo, se convocó a una sesión extraordinaria para volver a tratar el tema. Según Blanco, el informe de rechazo de la Comisión de Planificación no fue retirado del pleno de la Asamblea Departamental.
La aprobación final del fideicomiso se realizó con 12 votos a favor, basándose en un informe emitido por el asesor del pleno de la Asamblea Legislativa Departamental. Blanco cuestionó la legalidad de este procedimiento, afirmando que «no estipula ninguna parte de nuestro reglamento interno de la Asamblea Legislativa departamental, tampoco en el procedimiento legislativo no sé basado en qué normativas es que la directiva y la presidenta en este caso haya orquestado el poder aprobar esos 72 millones».
La asambleísta también mencionó que la presidenta de la Comisión de Planificación presentará una denuncia ante la Contraloría y la Fiscalía por usurpación de funciones, ya que los informes de aprobación deben ser emitidos por una comisión especializada o mixta.
Blanco también señaló que la documentación para la sesión extraordinaria fue anexada a las 4:25 p.m., y la sesión se instaló a las 4:30 p.m., dejando solo cinco minutos para analizar la información.
Este fideicomiso, según la asambleísta, aumenta la deuda del departamento, que ya asciende a 252 millones de bolivianos, acercándose al techo presupuestario para la gestión 2026. En la sesión extraordinaria, asistieron 17 asambleístas, de los cuales cuatro votaron en blanco.
